El actual sistema político-administrativo tiene su origen en el tardofranquismo cuando políticos tanto del régimen como de la semi tolerada oposición empiezan a establecer contactos para organizar el futuro rompiendo el nudo que estaba atado y bien atado.
Al mismo tiempo las reformas iniciadas por Lopez Rodo en el campo de la función pública permitieron la aparición de gestores públicos no contaminados ideológicamente.
A la muerte del dictador el sistema, lo que ahora los independentistas llaman El Estado Español, era sólido y relativamente autónomo del poder político, a pesar de que grandes sectores del ejército, de la policía, y en menor medida, de la judicatura, no se habían democratizado.
En 1977 ya habían salido de la Escuela de Administración Pública 17 promociones de los denominados TACS, Técnicos de la Administración civil del Estado, cuerpo creado por la fusión de los cuerpos superiores técnicos de los distintos Ministerios y al que se accedía a partir de entonces por oposición y posterior seguimiento de un curso académico en la escuela de Administración Pública. La Administración se veía ya a sí misma como servidora del Estado
Ese mismo año un grupo de 500 altos funcionarios escribimos un manifiesto en el pedíamos a los responsables políticos avances claros hacia la democracia y garantizábamos el correcto funcionamiento del Administración Pública.
Esta jugó un papel importante, pero olvidado, en la transición y fue determinante en la celebración de elecciones.
El 23 de Febrero con el Parlamento y el Gobierno secuestrados, se formó un Gobierno de Subsecretarios-funcionarios- que gestiono adecuadamente durante el vacío de poder.
Durante ese periodo un grupo de funcionarios que adoptamos el nombre de León de Arroyal -el primer escritor del Siglo XVIII en pedir una Constitución- exigíamos lo mismo para poder servir al país independientemente del partido en el poder, como ya se venía haciendo aunque sin norma que garantizara esa neutralidad.
Cuando se acercaban las decisivas elecciones de 1982 la extrema derecha volvía con amenazas al PSOE si las ganaba y la derecha no tan extrema aseguraba que ese partido carecía de cuadros cualificados para ocupar las Subsecretarías y Direcciones Generales. Con ese emotivo y en mi calidad del Presidente de la Asociación Española de Administración Pública escribí un artículo en Cambio 16- “Los Funcionarios ante el cambio “en el que aseguraba que cualquier partido que ganara las elecciones disponía de cuadros suficientes para administrar el país al estar a su disposición el conjunto de los altos funcionarios. Y así fue. El que más claro lo tenía era Felipe Gonzalez que a la pregunta de qué significaba el cambio respondió “Que España funcione “
Evidentemente con el roce vino el cariño y muchos funcionarios se dejaron tentar por los oropeles del poder.
Con el Estado de las Autonomías los políticos se fueron apoderando de casi todos los espacios. Mientras el número de funcionarios del Estado disminuía, el de políticos en puestos de la Administración crecía y crece constantemente con lo que esta ha perdido independencia. El ejemplo más claro es el de Cataluña con una administración claramente al servicio del régimen.
El juicio del “proces“ ha demostrado que todavía el Estado funciona al margen de la política. Cuando testificaron políticos como Rajoy, Santamaría, Zoido (a pesar de que antes habían sido funcionarios), o los procesados, todo fue impreciso. Quizás con la excepción del Secretario de Estado de seguridad. Solo pudimos enterarnos de lo que había ocurrido cuando le tocó el turno a los funcionarios. Los Guardias Civiles o los Policías, algunos mozos de escuadra o el subsecretario de Hacienda, supieron explicar con lenguaje claro lo que ellos habían visto esos días, al igual que los fiscales, mientras que el Presidente del Tribunal dejaba bien claro que este no se movía por ideología o por interés partidista. En un escenario adecuado unos y otros demostraron que allí estaba el Estado y que con el Estado no se juega.
