Ignacio Vasallo   

La reciente puesta en libertad de Carlos Garcia Juliá, uno de los asesinos de Atocha, ha vuelto a recordarnos aquella noche trágica del 24 de enero de 1977, que a punto estuvo de desbaratar la incipiente transición.
Los abogados asesinados se dedicaban a la defensa de afiliados de Comisiones Obreras, entre otros, por todo tipo de actuaciones calificadas de delito en la legislación represiva del tardofranquismo y que, en el mundo democrático, eran consideradas derechos fundamentales, de asociación, de libertad sindical, de huelga, de reunión o de libre expresión, como nos recuerda Maria Emilia Casas en el prologo.

El Tribunal encargado de juzgar estos “delitos“ era el denominado Tribunal de Orden Público que, desde diciembre de 1963, hasta enero de 1977 incoó 22.660 procedimientos, que afectaron a algo más de cincuenta mil personas.
Resultaron procesadas 9.146 personas y cerca de cuatro mil condenadas.
El trabajo de Juan José del Aguila, que tiene su origen en su tesis doctoral de 1997 y en una primera edición del 2001 es el estudio definitivo sobre esa emblemática “Institución“ del franquismo.
Del Aguila abogado laboralista, miembro del Partido Comunista en sus años universitarios y posteriormente magistrado hasta su jubilación ejerció la defensa de diferentes acusados ante ese tribunal.

En este libro, indispensable para la consulta de cualquier asunto relacionado con el TOP, se recopilan una gran cantidad de datos sobre las actuaciones del infausto tribunal, desde la lista de los acusados, los abogados, y la información completa de los jueces que ejercieron allí su labor y regresaron a las jurisdicciones ordinarias tras la supresión del mismo.
1963 es el año de la detención, tortura, condena a muerte y ejecución, tras un Consejo de Guerra, del dirigente del PC Julián Grimau. Un año antes había tenido lugar el “contubernio de Munich” y las huelgas de Asturias, con la declaración del estado de sitio, lo que causó tensión en el interior de España y una gran repulsa internacional. La creación del TOP, que sustituyó a los Consejos de Guerra y a los tribunales militares era presentada por el Régimen como un avance en las garantías judiciales y procesales.

Las propias Cortes franquistas fueron las encargadas de dar la puntilla a esta jurisdicción extraordinaria, ya totalmente inútil como quedo demostrado con motivo de la misteriosa (aun quedan zonas de penumbra) detención, puesta a disposición judicial y posterior liberación del Secretario General del Partido Comunista, Santiago Carrillo, cuyo expediente era uno de los quinientos pendientes de tramitación cuando el TOP fue disuelto Carrillo se convirtió en uno de los principales colaboradores del “Pacto del silencio“, con Suárez, Fraga y González por el que se “olvidaba“ cualquier tipo de responsabilidad política pasada y se mantenían en sus puestos a todos los funcionarios del Estado aunque procedieran de aparatos represivos del régimen saliente.

El Tribunal de Orden Publico solo duró trece años, pero aprovecho bien el tiempo.