Ignacio Vasallo   

En el reciente FITUR todos exigieron “su parte del pastel “y un poco del de  los demás.

Los principales empresarios del sector, a través de Exceltur, quieren que se dediquen a grandes proyectos con capacidad transformadora, al tiempo que se quejan de que no han sido consultados en el primer reparto de 615 millones. Esperan serlo en los 720 incluidos en los presupuestos de este año.  Esos grandes proyectos girarían en torno a la modernización de destinos maduros en los que se concentra el 70% del turismo extranjero y también las principales empresas del lobby. 

El presidente de CaixaBank, Goirigolzarri argumentaba que los fondos deberían ir dirigidos principalmente a las pymes dado que España es un país de pymes- que además son clientes de su banco. La presidenta de Balears recordaba que el turismo está transferido, así que ya se pondría de acuerdo el Govern con las empresas. El PP criticaba al Gobierno por la mayor asignación a municipios dirigidos por el PSOE y sus aliados en perjuicio de los que ellos dirigen.

Como siempre pasa cada posición tiene pros y contras. 

Para mantener y mejorar nuestra ventaja competitiva en el turismo masivo europeo- allí donde somos lideres- la propuesta de Exceltur es la adecuada. Para cumplir la misión distributiva del Estado, parece más lógico favorecer a destinos del interior que, teóricamente, ayudarían también a una mejor repartición de las corrientes turísticas. 

Pero si entramos en la componente política las cosas se complican . Resulta que las CCAA en los que se concentrarían los proyectos transformadores serían Cataluña, Valencia Andalucía y los dos archipiélagos. De ellas el PP solo gobierna en Andalucía, mientras que el PSOE lo hace en tres y en la quinta mandan los “socios de Sánchez “.

Si esas comunidades fueran las beneficiadas, la unidad de medida para el PP dejaría de ser el municipio -gobiernan en algunos de los más importantes de esas regiones-Benidorm, por ejemplo – y pasaría a serlo la Comunidad. Y, al contrario, si se mantiene la distribución por todo el país, defenderán las criticas actuales.

Desde el punto de vista político da igual que la distribución se haga por proyectos aprobados que, en su mayoría gestionan las Comunidades autónomas. Cada uno hará el cálculo que más le favorezca.