España es uno de los países europeos que más acharará el impacto de la crisis climática, pero también es uno de los que más emite. El Gobierno español tiene la responsabilidad no solo de mitigar y adaptar estas consecuencias climáticas, sino de liderar, dentro de la Unión Europea, la acción climática en el mundo.

Según datos del Eurostat, nuestro país es el sexto mayor emisor del principal gas de efecto invernadero, el dióxido de carbono (CO2). Para reducir sus niveles, uno de los objetivos de la Unión Europea –dentro de los cuales se encuentran los de España– era disminuir la emisión en un 20 % para 2020 con respecto a los de 1990.

A falta de un mes de que se acabe el plazo, las emisiones españolas no solo no han disminuido, sino que han aumentado cerca de un 16 % con respecto a las de 1990, asegura José Manuel Moreno, catedrático de Ecología de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y miembro del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas inglés).

A principios de año el Estado presentó en Bruselas el borrador de su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en el que se compromete no solo a reducir las emisiones, sino también a promover las energías renovables y la eficiencia energética. El objetivo es acelerar la descarbonización de la economía para 2050.

Este reto será uno de los puntos clave en las negociaciones que tendrán lugar durante la Cumbre del Clima (COP25) que acoge España, bajo la presidencia de Chile. La ministra en funciones para la Transición Energética, Teresa Ribera, es clara al respecto: “Estamos de vuelta a la primera línea de las negociaciones del clima, y para trasladar el marco de gobernanza global a nuestro país contamos con un Green New Deal español que se materializa, entre otros, en el Marco Estratégico de Energía y Clima”.

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